El 10 de marzo de 2017, unos trabajos de remodelación que realizaban en las deterioradas instalaciones de la Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de Los Morros, estado Guárico, desvelaron un signo más de la crisis carcelaria: los restos óseos de tres personas fueron hallados dentro de una pared, luego de la información de que no se localizaban unas 11 personas, entre reclusos y extraños a ese penal, que habían muerto durante el extraño estallido de una granada en septiembre de 2016. Allí reclusos y decoradores externos preparaban una fiesta para celebrar el cumpleaños del pran de la PGV.
Seis meses después del dantesco hallazgo, se desconoce por qué paralizaron la excavación, con presencia de forenses del Cicpc y fiscales del Ministerio Público en busca de más víctimas. Tampoco se ha informado del estado en que se encuentra la investigación ordenada por la Fiscalía General de la República y cualquier otra averiguación administrativa hecha por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, a cargo de Iris Valera (ahora constituyentista), además de ordenar la clausura de la PGV que ocupaban 9.000 presos.
“Las excavaciones no continuaron a pesar de que se dijo que había más de 100 osamentas regadas en varios sitios de ese penal, aunque la ministra Valera habló solo de 14. Las ONG no hemos tenido más información sobre el caso”, afirma el coordinador de Una Ventana por la Libertad, Carlos Alberto Nieto, para quien la falta de certeza y de interés de las autoridades en identificar a los responsables no es una novedad. “Lo mismo ocurrió en la masacre de 83 presos en la cárcel de Uribana y en el caso de los reclusos envenenados en esa misma cárcel, hace tres años. Nunca se supo qué fue lo que pasó”, recuerda.
Horas más tarde de que trascendiera la información del primer hallazgo, a través de fotografías, la entonces ministra Valera, en su única declaración sobre el caso, dijo que habían encontrado siete osamentas en la PGV. “Recibimos reportes (…) de que encontraron osamentas, restos humanos, y de inmediato activamos la investigación; los restos estaban en avanzado estado de descomposición”, informó. La funcionaria que la sustituyó el 15 de junio pasado en el cargo, Mirelys Contreras, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el suceso.
–¿Cómo interpretan el prolongado silencio del Ministerio en este caso?
–No quieren asumir la responsabilidad. Ellos saben que son responsables por negligencia y también por la violación de los derechos humanos que ocurrió allí, y por la cual tienen que responder un día.
Desde hace ocho años el padre de Francisco Guerrero, preso en la PGV, reclama que el cadáver de su hijo sea localizado dentro de la Penitenciaría ubicada en Guárico.
El joven desapareció en septiembre de 2009. Cuando la familia fue a visitarlo, las autoridades del centro penitenciario le dijeron que se había fugado, pero después recibieron información que les indicaba que el recluso fue ultimado porque protestó por el cobro de la causa y él creía que no era justo ese pago.
De ese caso nada se sabe tampoco.
“Todos los presos de la PGV fueron repartidos en varios centros penitenciarios donde ahora están hacinados y en peores condiciones de reclusión. El caos continúa”, aseguró Nieto.