Un hombre de 22 años de edad en la mañana del 23 de noviembre de 2017 se encontraba a las afueras de la clínica Calicanto, en Maracay, esperando a su padre. Un delincuente se aproximó a él y lo apuntó con un arma para que le entregara su teléfono celular. La víctima se resistió al asalto y recibió un disparo que le causó la muerte. Tenía planeado irse del país por la inseguridad que se vive a diario.
El miércoles 28 de febrero, seis hombres ingresaron con armas de fuego a la clínica Piedra Azul, en Baruta, por el área de Emergencia. Sometieron al personal médico y a vigilantes de seguridad, los encerraron en la oficina de Admisión, y procedieron a llevarse varios equipos. Todo fue grabado por las cámaras de instaladas en el edificio.
Casos como estos, o el apuñalamiento que sufrió el médico Pedro Quijada en el Luis Razetti de Barcelona, son muestra de lo que han sufrido pacientes y personal de la Medicina de diversos centros asistenciales. José Félix Oletta, ex ministro de Salud, apuntó que “esta es una situación que preocupa mucho y se ha ido incrementando desde hace 12 años, y en los 2 últimos años se ha agudizado”.
Señaló que las áreas de emergencia de los centros de salud sufren el mayor impacto en estos actos delictivos, aunque admitió que “todos pueden ser víctimas y están en riesgo. No discriminan si eres doctor, enfermera o paciente”.
Una de las medidas que ha tomado el gobierno ha sido la de asignar milicianos y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en varios centros hospitalarios. Entre ellos, los hospitales de Coche, Miguel Pérez Carreño, Domingo Luciani, entre otros. No obstante, Oletta indicó: “La implementación de los milicianos para cuidar hospitales no está dando ningún beneficio, no ayuda en la disminución de la inseguridad en esos centros”.
La ley. En el artículo 39 de la Ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, que es una reforma promulgada el 26 de julio de 2005 en la Gaceta Oficial 38.236, se establece que los empleadores “deben organizar un servicio propio o mancomunado de seguridad y salud en el trabajo”, de carácter especialmente preventivo.
Oletta afirmó que tal estatuto no es acatado por los administradores de los hospitales públicos. “Es una responsabilidad de los encargados de esos centros”, dijo. Manifestó que “es una obligación de los empleadores, de la administración de los centros de salud, garantizar la seguridad de su personal”.
A su juicio, los representantes de los centros hospitalarios no cumplen con sus funciones en cuanto a ofrecer seguridad laboral a sus empleados. Además, responsabilizó al gobierno y su falta de voluntad para prevenir hechos violentos dentro de las distintas áreas de las clínicas y los hospitales. “Lo que ocurre en los hospitales y clínicas es una muestra más de la falta de respuesta del gobierno y la evasión de sus responsabilidades. No existe voluntad para resolver la situación”, enfatizó.
La inseguridad es uno de los motivos por los cuales trabajadores de la salud toman la decisión de renunciar y, por tanto, de emigrar del país. Oletta puntualizó: “Se ven renuncias porque los trabajadores no tienen garantías de seguridad”. Indicó que no solamente se sienten inseguros cuando trabajan, sino también porque los continuos robos y asaltos causan interrupciones en sus labores y ponen en peligro a pacientes que requieren una atención especial. “Poco se ha hecho para disminuir la violencia”, afirmó.
Como ejemplo de lo que ocurre en el país tomó el momento del apogeo del conflicto político en Colombia. Los hospitales eran blanco, como sucede en Siria, donde los centros de salud son objetivo para bombardeos, lo que representa un crimen de lesa humanidad.
Entre la escasez de medicamentos y materiales, la inseguridad y los bajos salarios, el personal médico decide, contra su voluntad, renunciar en busca de mejores oportunidades.
“Lo que ocurre en los centros hospitalarios es una muestra más de la falta de respuesta del gobierno y la evasión de sus responsabilidades”.
José Félix Oletta, ex ministro de salud.
Continuos robos en el Ruiz y Páez y en el Luis Razzeti
En el hospital Ruiz y Páez, en el estado Bolívar, se presencian a diario robos y hurtos, aseguró el médico cirujano del mencionado centro de salud, Giuseppe Coiro. “Estos hechos ocurren todos los días. Han amenazado a residentes. A un hombre lo venían siguiendo –desconozco el motivo– y tuvo que entrar violentamente a terapia intensiva para huir de su perseguidor”, relató.
“A los médicos les roban sus celulares en las escaleras del hospital y hasta se han hurtado los colchones de las habitaciones”, afirmó.
Recordó cuando en agosto de 2017 hombres armados entraron al centro de salud debido a que allí habían ingresado a varias personas heridas por un enfrentamiento entre bandas. Durante aquel acontecimiento, los especialistas indicaron que aquellos individuos estaban ahí con un único objetivo: matar a los médicos.
Iraida Zacarias, del área de Pediatría del hospital Luis Razzeti en Barcelona, Anzoátegui, puntualizó: “Tenemos mucha inseguridad y las condiciones económicas nos han pegado a todos por igual y eso ha llevado a una mayor delincuencia”.
El martes 5 de marzo, dentro de las instalaciones del hospital apuñalaron a Pedro Lucas Quijada Gil, de 27 años de edad, quien era residente de primer año de Ginecología en el Luis Razzeti. El hecho ocurrió en las puertas del Anexo Pediátrico, donde están los niños, señaló Zacarías.
Agregó que varios residentes de Pediatría han sido agredidos por padres de los pequeños porque no pueden atenderlos como se debe por la escasez de medicamentos.
“El mismo día que agredieron al residente, los médicos protestamos. No hay funcionarios policiales que nos resguarden. Solo usan a milicianos ancianos, desnutridos que pasan todo el día sentados. Muchos ni ven, son personas que no deben estar en esos puestos”, manifestó.