Human Rights Watch, organización defensora de derechos humanos con sede en las principales ciudades del mundo, asegura que “existen pruebas” que señalan que el ex inspector del Cicpc Oscar Pérez, muerto junto con seis de sus acompañantes en un chalet en el kilómetro 16 de El Junquito, el lunes 15 de enero, fue “víctima de una ejecución extrajudicial”, a pesar de que el gobierno lo tildó de “terrorista” al negar su voluntad de rendirse, y alegó enfrentamiento.   

La investigadora de HRW Tamara Taraciuk Broner, en un artículo publicado en Firmas de Efe, advirtió que la muerte violenta del ex inspector del Cicic “augura un pésimo 2018 para los derechos humanos en Venezuela”, e hizo un llamado a la comunidad internacional para que se exija al gobierno que aclare lo sucedido.

Al hacer un recuento de los hechos que culminaron en masacre en El Junquito, recordó que “agentes de fuerzas de seguridad, junto con miembros de un grupo armado partidario del gobierno, que en Venezuela se conocen como ‘colectivos’, rodearon la vivienda donde se escondían”, mientras Pérez, a través de videos publicado en las redes sociales, afirmaba que él y sus acompañantes eran atacados y que habían iniciado negociaciones con las autoridades para entregarse.

Acerca de los tiros en la cabeza de Pérez y los de su grupo, señal de ejecución, la investigadora considera que “las acciones del gobierno desde que ocurrieron los hechos sugieren que intentó encubrir lo que realmente ocurrió”, al referirse a la destrucción por un lanzagranadas del chalet donde Pérez y su grupo se mantenían ocultos, así como a las actuaciones de funcionarios del gobierno de impedir que los familiares pudiesen ver y sepultar a sus parientes.

“Las autoridades venezolanas comenzaron el año 2018 actuando como si les estuviera permitido encubrir posibles ejecuciones extrajudiciales”, denuncia HRW en el artículo.


32 detenidos y 22 desapariciones forzadas en el caso R. S. G.

Reynaldo Rodríguez Fernández fue detenido el miércoles a las 4:00 pm frente a la panadería Flor de la California. Testigos relataron que de una camioneta Ford Runner blanca se bajaron varios hombres vestidos de negro y,  sin mediar palabras, obligaron a Rodríguez Fernández a montarse en el vehículo. El diputado Wiston Flores, integrante de la comisión que investiga la “masacre de El Junquito, refirió que Rodríguez fue secuestrado y acusado de promover violencia durante el sepelio de Abraham Agostini y José Díaz Pimentel, el sábado en el Cementerio del Este. “Lo tienen en el sótano 2 del Sebin, en Plaza Venezuela, un lugar que denominan la Tumba”, sostuvo el parlamentario. Con Rodríguez suman 32 los detenidos por el caso, según el parlamentario, mientras el Foro Penal señala la desaparición forzada de 22 personas vinculadas al piloto, 7 de las cuales están procesadas por el tribunal militar y presas en Ramo Verde.


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