Parientes y amigos de Karla Romero, universitaria asesinada en mayo de 2018, protestaron a las afueras del Edificio Nacional, sede de los tribunales del Táchira, para exigir al juzgado que lleva la causa de la detención del homicida que lo identificaron como oficial activo del componente Guardia Nacional con el rango de mayor y quien formaría parte de la seguridad de Nicolás Maduro.

El asesinato tendría como motivo la negación de la joven, que estudiaba cuarto año de Derecho en la Universidad Católica del Táchira, a tener una relación amorosa con el militar.

“Ya estamos hartos, consumidos en la corrupción y la desidia gracias a este tipo de personas que por el uniforme que portan y por el poder que les han otorgado, quieren disponer de la vida como les plazca. Está protegido por el gobierno nacional. Ha pagado para mantenerse en libertad, 200.000 dólares a Maikel Moreno. Nos duele en el alma esta situación. Si hubiese sido afectado un familiar de cualquiera de los que estoy nombrando del gobierno de Nicolás Maduro, esa persona estuviera pagando condena”, dijo Nelson Sierra, padrastro de la universitaria.

El militar habría pagado también la suma de 11 millones de pesos colombianos a los sicarios que dispararon contra la mujer.

El 9 de mayo de 2018, Karla Romero, llegó a su residencia ubicada en Altos de Pirineos, y luego de bajar del automóvil que conducía fue abordada por sujetos que llegaron en una motocicleta.

Romero corrió del lugar cuando uno de los sujetos la llamó por su nombre pero cayó en la calle y fue cuando uno de los sujetos le hizo varios disparos.

“A la justicia, tomar cartas en el asunto. Todos saben que ese mayor activo de la Guardia Nacional que está en el cordón presidencial que esté tras las rejas. Hasta cuando tanta corrupción. Pido justicia. Ya tenemos 8 meses esperando por esto”, dijo Luz Marina Quintero, madre de la universitaria.


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