Dirigentes sindicales, políticos y representantes de ONG –que integran la Plataforma de Conflicto del Frente Amplio– protestaron contra las violaciones de los derechos humanos en las sedes de fiscalía de algunos estados, donde exigieron respeto al derecho a la vida y el cese del silencio por parte de organismos del Estado, ante los abusos del gobierno.
Activistas coincidieron en que desde la llegada de Nicolás Maduro a la Presidencia se intensificaron las violaciones y omisiones a las garantías constitucionales, a tal punto de que ya catalogan a este gobierno como el mayor violador de los derechos elementales en la historia del país.
Inti Rodríguez, coordinador de Provea, indicó que esa apreciación viene como resultado de la suma de la política del gobierno de irrespetar los derechos civiles y políticos, junto con el crecimiento de la pobreza en los últimos cinco años.
“Desde 2017 hemos presenciado un incremento del terrorismo de Estado en Venezuela. El gobierno ha construido un aparataje represivo que viola generalizadamente los derechos fundamentales de la población”, expresó Rodríguez en la protesta en la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo.
Afirmó que las denuncias de torturas, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, y otras formas de hostigamiento y persecución contra opositores, disidentes y activistas sociales van en ascenso en los últimos meses. Agregó que esa actuación sistemática proviene de los “centros de torturas”, como el Sebin y la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
“La ola represiva afecta a quienes tienen una posición crítica ante el gobierno, y también al liderazgo social y sindical del país”, señaló Pedro Moreno, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Denunció la desaparición forzada de Luis Chaparro, secretario del Sindicato de Vencemos, quien fue detenido sin orden judicial el miércoles en la noche y liberado ayer en la mañana.
El dirigente acusó a la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de amparar las actuaciones ilegales del gobierno, a través de la inacción ante las denuncias de víctimas.
“Ni la Fiscalía ni la Defensoría garantizan investigaciones independientes. Es probable que a Albán se le haya torturado antes de su muerte. Tiene que investigarse”, expresó Marino Alvarado, integrante de la directiva de Provea.
Los manifestantes exigieron justicia por la muerte del concejal metropolitano Fernando Albán, que falleció encarcelado en la sede del Sebin de Plaza Venezuela.
Denunció que semanalmente mueren entre 6 y 10 personas a manos de la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB. “Todas las semanas realizan masacres en Venezuela”, agregó.
Hasler Iglesias, dirigente juvenil de Voluntad Popular, informó que el 25 de octubre realizarán otra protesta de calle.