represión en Venezuela derechos humanos
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Países miembros del Consejo de Derechos Humanos expresaron este miércoles su rechazo a la campaña de intimidación y de represalias que comenzó el régimen de Nicolás Maduro en contra de las organizaciones venezolanas que aportaron información a la Organización de las Naciones Unidas sobre las violaciones cometidas en el país.

Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá y Uruguay reafirmaron su condena a todo acto contra estas personas o grupos. Lamentaron que las acciones las convaliden o realicen las autoridades estatales y que contraríen los principios del bloque.

«Son absolutamente inaceptables», expresó la representante diplomática de Argentina, en nombre de los países.

António Guterres, secretario general de la ONU, presentó un informe ante el Consejo que evidenció ataques ejecutados por agentes fieles al régimen de Venezuela, entre junio de 2019 y abril de este año, contra organizaciones como el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos y miembros de la sociedad civil por colaborar con el Sistema de Naciones Unidas.

«Compartimos la preocupación del secretario general por la tendencia al deterioro del ambiente para aquellos que buscan cooperar con las Naciones Unidas en asuntos de derechos humanos. Nos preocupan las tendencias registradas sobre el impacto desproporcionado de las represalias en ciertos grupos, como las mujeres defensoras de derechos humanos y aquellas que trabajan en la consolidación de la paz», agregó la representante argentina.

Cuba, Venezuela e Irán se alinearon para asegurar que el informe de la ONU sobre las represalias a organizaciones y defensores de derechos humanos se trata de una campaña de manipulación y que carece de objetividad.

«El informe demuestra la falta de objetividad y la existencia de prácticas selectivas y de doble racero. Contribuye al aumento de la politización y a pervertir el uso del término defensores de derechos humanos al intentar atribuírselos a mercenarios al servicio de las potencias extranjeras y a simples delincuentes comunes», aseguró la delegada de Cuba.

El enviado del régimen de Maduro acusó al secretario general de abultar el informe de presuntos casos de denuncias prefabricadas que «servirán de ejemplo de lo que no se debe hacer si se pretende actuar con honestidad y transparencia».

«Nos apena el despilfarro de los cada vez más escasos recursos de las Naciones Unidas. Si en verdad se quisieran abordar con objetividad, transparencia e imparcialidad las denuncias de los casos de supuestas represalias, otro debería ser el camino a seguir. No se puede tomar a priori como ciertas sin ningún método confiable de verificación y sin ningún rigor científico las denuncias que usted exhibe, las cuales en su mayoría provienen de fuentes no verificadas de profesionales expertos en su fabricación, muy bien pagados«, dijo.

 


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