En el año 2050, en América Latina y el Caribe serán más los viejos. Llegar a ese escenario será un proceso demográfico complejo. A mediados del siglo pasado surgió el bono demográfico, un fenómeno por el cual el volumen de la población en edad de trabajar era mayor al de la gente dependiente (niños y ancianos). Y el efecto fue uno solo: sociedades latinoamericanas cada vez más jóvenes. Pero con la llegada de los anticonceptivos, entre otras cosas, las tasas de fecundidad y de mortalidad cambiaron. No así la expectativa de vida, que sigue en aumento. Lo que se traducirá, sí o sí, en una población que envejecerá con pocos hijos.
La información de Naciones Unidas indica que el pico máximo de ese bono demográfico fue en 2010. En ese momento, un tercio (37%) de la población latinoamericana y del Caribe, algo más de 220 millones de personas, tenía menos de 20 años de edad. 5 años más tarde, las cosas cambiaron.
En 2015 había 217 millones de jóvenes (34,4%); aunque todavía mayoritaria, es una tendencia que se resquebrajará en 2023, cuando los menores de 20 años dejarán de ser los más importantes en términos demográficos, pues ese cambio radical en la estructura de edades seguirá acentuándose, al menos esas son las proyecciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
En 2045, el grupo de 40 a 59 años de edad será el predominante, aunque por poco tiempo, porque en 2052, el de los mayores de 60 años será el más grande y el único que va a aumentar.
¿Y entonces? Seremos más los viejos. Es una situación que plantea innumerables retos y oportunidades que los países de la región están en camino de resolver para, por ejemplo, proyectar sociedades más saludables, afirma Pablo Salazar, asesor técnico regional en población y desarrollo para América Latina y el Caribe del Unfpa.
“30 años son mañana”, dice el experto. Pero ya hay una hoja de ruta para ese cambio en la manera en que los Estados plantean sus políticas públicas, afirma. Y también un camino que ya se empezó a recorrer: el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, aprobado por los representantes oficiales de 38 países en agosto de 2013. Sus acuerdos, en esencia, trazaron un mapa para el diseño de políticas públicas hacia el futuro en la región. El pacto va de la mano con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y en él y por él, los países se comprometieron a tomar decisiones en materia económica y humana, derechos humanos, respeto del medio ambiente, salud sexual y reproductiva; niñez, adolescencia y juventud; igualdad de género, migración internacional; desigualdad, inclusión de pueblos indígenas y población afrodescendiente. Y claro, envejecimiento.
Eso se mostrará en la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, organizada por la Cepal con el apoyo del Unfpa, que fue instalada en Lima ayer y se desarrollará hasta el 10 de agosto. Allí se presentarán los informes de lo que se ha hecho en cada país por el bienestar futuro de unas 650 millones de personas, especialmente de aquellas en condiciones de mayor rezago y vulnerabilidad social, anota el Unfpa, así como los retos inminentes en los que hay que trabajar para llegar a esos logros.
El primer gran desafío es ajustar el paradigma laboral y de pensiones, comenzando por un grupo vulnerable: “La mayoría de las mujeres de la región hoy no tiene respaldo suficiente para su pensión. Se pasó la vida cuidando la casa, los niños y fuera del mercado laboral. Es un tema grave, teniendo en cuenta que ellas viven más tiempo que los hombres. El reto es garantizar que desde ahora mismo no estén desprotegidas de cara al futuro”, indica Salazar.
De acuerdo con la Unfpa, hay que trabajar también en conseguir más inversiones para incrementar la productividad y cerrar las brechas que históricamente han marcado a la región: en fecundidad, mortalidad, morbilidad, migración, género, participación laboral y formación del capital humano para que el trabajador del futuro sea más productivo que el actual.
¿Cómo estamos? El borrador previo al evento en Lima llama la atención en varios puntos. Gran parte de las personas mayores no puede acceder a pensiones, se observa una adaptación lenta de los sistemas de salud a los cambios de la población, lo que se traduce en un aumento de costos y gastos. Además, la cobertura sanitaria es desigual y aún son pocos los países que cumplen sus obligaciones relacionadas con los estándares internacionales de derechos humanos.
Así y todo, Salazar se muestra optimista. El documento destaca que la cobertura en los sistemas de seguridad social de la inmensa mayoría de los países, especialmente en Ecuador, Perú, México, Colombia y Paraguay ha aumentado, aunque lamenta la lentitud del proceso en Centroamérica y el Caribe. Hay también muchas políticas públicas en ejecución que se preocupan por el bienestar de los mayores. En Chile y Ecuador existe la pensión básica solidaria de vejez; en Argentina, Brasil y Uruguay ha disminuido el número de mujeres mayores de 60 años sin ingresos propios, lo que cierra la brecha del incremento de la pobreza.
La cobertura de salud es mayor. En el informe nacional de Colombia se indica que el porcentaje de afiliación al sistema de seguridad social de las personas de 60 años y más alcanzó una cifra cercana al 96% en 2014.
Y en cuanto al tema de las pensiones, el debate ya está abierto en varios países y busca resolver a futuro no solo la sostenibilidad financiera y fiscal de los sistemas, sino los modelos que más funcionen, entre los contributivos –aportados por todos– o los subsidiados, teniendo en cuenta que hay millones de personas en la región que no tienen cómo aportar, dice Salazar.
“Estamos a punto de resolver el que puede ser quizás el acuerdo social más importante del siglo: el de la reforma de pensiones. Desde el Unfpa creemos que el proceso tiene que ser país por país, basado en estudios y en evidencias. Lo ideal es impulsar mercados formales en los que la gente contribuya con impuestos y el Estado se encargue igualmente de financiar pensiones”, asegura.
“La mayoría de las mujeres de la región hoy no tiene respaldo suficiente para su pensión. El reto es garantizar que desde ya ellas no estén desprotegidas de cara al futuro”
Pablo Salazar
Asesor regional del UNFPA
“Erradicar la violencia hacia LA mujer: prioridad en 2019”
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, afirmó ayer que la anemia en la niñez, la violencia hacia la mujer y la corrupción constituirán las prioridades de su país de cara al 2019. “Nos encontramos en plena discusión del presupuesto de la República para el año entrante y tengan la seguridad de que estos temas tendrán prioridad en la distribución de recursos”, expresó Vizcarra durante la inauguración la III Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. El gobernante, que asumió la Presidencia de la mesa directiva del encuentro que se celebra en Lima hasta mañana, señaló que esta reunión es importante porque busca alcanzar el bienestar de la población, un esfuerzo que su gobierno también realiza, informó Efe. Reiteró el compromiso de su gestión con las medidas adoptadas por 38 naciones en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en 2014. “Nuestro objetivo es lograr el bienestar de la población, hacer lo más justo y equitativo”, apuntó, para luego señalar que las metas son “luchar contra tres graves problemas: la anemia en la niñez, la violencia hacia la mujer y la corrupción”.