Dos rúbricas presidenciales y una orden regional han puesto en riesgo el valor patrimonial y el paradigma paisajístico del Parque Generalísimo Francisco de Miranda –Parque del Este– que mañana celebra en su peor estado de ruina el vigésimo aniversario como Bien de Interés Cultural de la Nación, según decreto del 7 de julio de 1998, publicado en la Gaceta Oficial N°36449. “Buscan convertirlo en un terreno sin aves, donde solo haya perros y gatos”, advirtió un ambientalista conocedor de la producción animal.
El presidente Nicolás Maduro, según punto de cuenta del 19 de junio, aprobó al gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, 3,5 billones de bolívares para el Plan de Recuperación del parque, y también la solicitud del jefe regional de nombrar Autoridad Única a Gerardo Sánchez Chacón. La decisión dejó de lado inexplicablemente al Instituto Nacional de Parques como único órgano rector y responsable de administrar esos espacios nacionales, pero significó la sustitución del presidente encargado Jorge Medina por Josué Alejandro Lorca Vega, una semana más tarde.
Las primeras decisiones de Rodríguez, basadas en este plan, no se hicieron esperar en la obra más destacada en el mundo del arquitecto paisajista brasileño Roberto Burle Marx, realizada entre 1958 y 1964. “En el Parque del Este, además de la pantalla gigante para ver el Mundial, colocamos aros de baloncesto, mallas de voleibol, cancha de minifútbol con grama artificial para realizar caimaneras comunales, además de ferias de comida y stands de venta de artículos artesanales”, indicó un tuit de @MirandaGob, cuenta oficial de Twitter de la Gobernación de Miranda, el 1° de julio.
“Es un horror”, afirman trabajadores de Inparques, preocupados por la salud ambiental.
“El parque tiene una zonificación de áreas culturales, deportivas y de recreación pasiva, que debe ser respetada. Este es un lugar de encuentro con la naturaleza y no es posible que en espacios paisajísticos donde hay cascadas, hayan puesto ferias de comida.Se están colocando en plazas colchones inflables de material y colores inadecuados, así como equipos electrónicos que producen contaminación sónica. El concepto de parque y de arte se está irrespetando”, afirma Marlene Sifontes, dirigente sindical de Inpaques.
Asegura que no han sido informados de si existe un convenio con la gobernación, que maquille la ilegalidad. “El convenio no puede sustituir la norma que regula el parque”. Resiente además que los recursos no lleguen a los sistemas de riego dañados desde hace 7 años ni a la sustitución de implementos de limpieza, ni tampoco a los 200 trabajadores encargados de preservar las áreas. “La dotación de 2018 ni siquiera se les ha entregado”.
Lo que más ha alarmado a cuidadores y a especialistas es la aplicación de pintura roja en los techos de kioscos de obra limpia, que comenzaron a remover ante las críticas. “Allí hay colección de aves libres como guacamayas, azulejos y otros rapaces. Los colores fuertes como el rojo y el amarillo afectan la visión de estas aves, pues el número de conos en sus ojos es mayor y los perciben como amenaza, como si fuesen depredadores, y se espantan”, afirma un zootecnista alarmado por el desconocimiento de quien ordenó la coloración.
Las decisiones presidenciales son calificadas de arbitrarias e ilegales, por expertos en materia ambiental. La responsabilidad de lo que ocurre en el Parque del Este es solo de Inparques, señala el biólogo Édgar Yerena, profesor de la USB. “Los trabajos que están haciéndose allí, en un espacio que tiene valor patrimonial, son intrusivos y agresivos. Es como ponerle bigotes a laMonalisa o pintar de rojo una obra de Miguel Ángel”. Asegura que el instituto no puede renunciar a ser el ente rector: “El parque del Este está en ruinas, su infraestructura en el suelo. Existe allí un manto de agua subterráneo que permitiría regarlo todo el año y no se está usando”.
“Secuestran competencias”
La creación de la Autoridad Única forma parte de un proceso deliberado de desinstitucionalización del sistema de parques que lleva cuatro años, advierte Alejandro Álvarez Iragorry, biólogo con doctorado en Ciencias, mención Ecología. “Organismos del Estado le están secuestrando a Inparques sus competencias legales, pero lo más grave es que no tienen capacidad técnica. El parque tiene un concepto de recreación pasiva a cielo abierto; eso la convierte en un espacio para disfrutar la naturaleza y esto tiene un valor cultural, ambiental y de derecho humano. Vamos hacia una política recreacional populista que quiere atraer un enorme público, pero destruye las áreas”.