El voto reciente de Buenos Aires a favor de la resolución que condena las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y la extensión del mandato de la misión de expertos de la ONU que investiga crímenes de lesa humanidad por el régimen de Nicolás Maduro, responde a un mandato de la historia.

“Argentina acompaña todas las decisiones en materia de derechos humanos de la ONU porque es una referencia mundial histórica en la materia desde el juicio a las juntas militares”, dijeron fuentes de la Cancillería citadas por Página/12. El medio argentino recordó que desde antes de llegar al poder el presidente Alberto Fernández viene hablando del informe Michelle Bachelet.

Lo ratificó el canciller Felipe Solá en diálogo con Radio con Vos al defender el voto argentino a favor del informe sobre Venezuela elaborado por la alta comisionada para los derechos humanos: “Argentina es un país que tiene un activo en el mundo, que es su defensa de los derechos humanos, que viene de los juicios a las juntas y los juzgamientos a los responsables en los juicios de lesa humanidad”.

Por eso, tal activo –sobre la base de conciencia humanitaria y la determinación de un nunca más– no podía dilapidarse con una abstención que evitara las pataletas de viejos socios kirchneristas del chavismo y de asustados jerarcas del régimen de Maduro que acusan a Buenos Aires de votar con el Grupo de Lima. “La Argentina va a denunciar la violación de todos los derechos humanos donde sea y sin distinciones”, ha dicho el canciller Solá.

Hay una historia de horror que explica la firmeza argentina en la defensa de los derechos humanos: miles de detenidos-desaparecidos, de acuerdo con entidades humanitarias, durante la dictadura militar que sembró el terror en esa nación entre mediados de la década de los setenta y principios de los ochenta en la “guerra sucia” contra la subversión.

Ya en 1975 había desaparecidos, pero todavía muchos de ellos podían ubicarse en las cárceles. Se culpaba a la ultraderechista Triple A por los secuestros. Nunca se investigó. Desde 1976, tras el golpe militar que derrocó a María Estela Martínez de Perón, aumentó el número de desaparecidos.

Fueron los mismos militares que autoindulgentes insistirían más tarde en llamar “revés transitorio” la rendición incondicional en la guerra anglo-argentina por las Malvinas, mencionando como “gloriosa victoria” la represión interna.

El inicio del régimen militar argentino marcó también la época de crímenes políticos que sacudieron a Latinoamérica. Asesinatos con detalles de profesionalismo de sus ejecutores, como los perpetrados contra el expresidente de Bolivia, general Juan José Torres, el comandante en jefe del Ejército de Chile general Carlos Prats y dos diputados opositores de Uruguay. Obra macabra de la internacional de las espadas de las dictaduras regionales de entonces.

Fue asimismo el tiempo de los militares argentinos conectados con el contrabando de armas y la represión ideológica a escala internacional, impulsados por la oscura logia masónica Propaganda Dos (P-2). Por eso no resultó tan extraña la desaparición del embajador argentino en Venezuela, Héctor Hidalgo Solá, secuestrado en pleno centro de Buenos Aires el 13 de julio de 1977. Menos extraña aún pareció la rápida sustitución de Hidalgo Solá por Federico Bartfel, que figuraba en la lista de nombres de la P-2.

Después de la rendición incondicional en la Guerra del Atlántico Sur (entre abril y junio de 1982), la mayor derrota de la historia nacional, los militares argentinos pretendieron condicionar la entrega del poder hablando de “concertación mínima”, una especie de “borrón y cuenta nueva” en torno a los detenidos-desaparecidos.

En círculos políticos y diplomáticos en Buenos Aires supimos entonces que los militares exigían garantías de “cero Nuremberg» a los civiles, es decir, nada de justicia por los crímenes de lesa humanidad, como condición para entregar el gobierno. Pero los archivos sobre la actuación de los organismos de seguridad en tantos crímenes quedaron al desnudo y se cumplió por fin lo que había anticipado el premio Nobel de la Paz de 1980 Adolfo Pérez Esquivel: “Quiera o no quiera el gobierno, tarde o temprano se va a saber todo lo que sucedió”. En Venezuela también se sabrá todo.

 


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