Estamos en presencia de un Estado sin piedad, cargado de odio, resentimiento y venganza que negó una ley de amnistía que hubiera permitido liberar a los presos políticos en esta Navidad.

Rechazo la conducta del sistema de justicia que congeló todos los procesos judiciales de los presos políticos, que hayan paralizado las audiencias y vulnerado nuevamente el derecho a la defensa y la presunción de inocencia establecido en el artículo 49 de la Constitución.

La justicia penal politizada junto con la falta de independencia de los poderes públicos han hecho que la impunidad oscurezca el acceso a la justicia como derecho constitucional.

Los intentos del Estado en reformar el Poder Judicial con la convocatoria de sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional para modificar el número de magistrados del TSJ es una farsa. La única verdadera reforma es la liberación de la disciplina partidista, regresar las atribuciones establecidas en la carta magna y retomar los concursos de méritos porque 70% de los jueces son provisorios.

Es urgente saber el paradero del defensor del pueblo, aún sigue estando ausente en la defensa de los derechos humanos en el país, dejando en la orfandad a las víctimas de violación sistemática de derechos humanos por parte del Estado.

La CPI es la única que puede meter en cintura al sistema de justicia y a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad.


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