El asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, primero en el orden de mérito de la promoción de 1991 de la Academia Naval, mediante crueles torturas, ha provocado un profundo rechazo e indignación nacional e internacionalmente. Nadie logra explicarse el descaro y cinismo demostrado por los funcionarios de la Dgcim que lo condujeron al tribunal militar en silla de ruedas en el deplorable estado en que se encontraba. Era tal su deterioro físico que el juez militar ordenó, de inmediato, conducirlo al hospital de Fuerte Tiuna donde falleció. Su detención ocurrió el 22 de junio acusado de estar presuntamente planificando un atentado en contra de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Su presentación ante el juez militar no se hizo a las 48 horas, como lo establece el artículo 44 constitucional, sino 6 días después, repitiéndose la práctica de lo que ha venido ocurriendo con todos los presos políticos, quienes, al no existir pruebas suficientes, son sometidos a torturas para obtener declaraciones que los incriminen. Recordemos que esta es la segunda muerte de un militar después del 30 de abril. El fallecimiento del mayor Jesús García Hernández aún no ha sido aclarado.

La versión oficial que sostiene que el capitán Acosta Arévalo, testigo clave para las investigaciones de la supuesta conspiración militar que tenía por objetivo asaltar el Palacio de Miraflores y asesinar a Nicolás Maduro, fue sometido a un interrogatorio por un teniente y un sargento sin que estuviesen presentes funcionarios de mayor nivel y experiencia de la Dirección de Contrainteligencia Militar, no tiene credibilidad alguna. Además, es inaceptable que no se hayan dictado instrucciones precisas para proteger su vida y respetar sus derechos humanos; como lo es también la imputación realizada por el fiscal general de la República, designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, en contra del teniente Ascanio Antonio Tarascio y del sargento Estiben Zárate por haber cometido el delito de «homicidio preterintencional con causal», sin considerar la responsabilidad de la cadena de mando de la Dgcim. Aún más, dicho procedimiento debería responder la interrogante que ha tomado cuerpo en la opinión pública: ¿los últimos asesinatos demuestran la existencia de una política de Estado destinada a sembrar mayor terror en nuestra sociedad?

Otro aspecto a denunciar es la abusiva utilización del delito de traición a la patria, con el cual se trata no solo de atemorizar a la disidencia, sino que, además, pretende desacreditar a todo movimiento político que, ante el estruendoso fracaso del régimen madurista, pueda presentarse como una alternativa de poder. La pena establecida en el artículo 128 de Código Penal, presidio de veinte a treinta años, además de la limitación al acusado de dicho delito para el goce de los beneficios procesales y la aplicación de medidas alternativas en el cumplimiento de la pena, tiene que intimidar significativamente a cualquier venezolano que se atreva a protestar contra la dictadura. Este delito está claramente tipificado en el artículo 464 del Código de Justicia Militar al señalar las circunstancias que pueden considerarse como traición a la patria. En dicho artículo no aparece la rebelión militar ni la incitación a cometer ese delito. En conclusión, lo que el régimen madurista busca es mantenerse en el poder, irrespetando el principio de la alternancia republicana consagrado en el artículo 6 de la Constitución Nacional, mediante el asesinato, la tortura, la prisión y el destierro.

Definitivamente, la responsabilidad moral y política de Nicolás Maduro en el asesinato del capitán Acosta Arévalo es inexcusable e ineludible. Esta afirmación no la hago a la ligera. El 31 de octubre de 2018 fue destituido el general Gustavo González López, director del Sebin, como consecuencia del asesinato del concejal Fernando Albán, ocurrido el 2l de octubre de ese año. La opinión pública, convencida de esta verdad, nunca aceptó la falsa justificación, esgrimida por el régimen, de que su remplazo había ocurrido como consecuencia de un incidente entre agentes del Sebin y escoltas de la caravana presidencial. Después de esa destitución el general González López no volvió a aparecer públicamente. La denuncia de su desaparición física realizada por el magistrado Christian Zerpa, después de huir a Estados Unidos, condujo a Maduro a nombrarlo asesor de inteligencia de la Presidencia de la República. Su nueva designación, como director del Sebin, en reemplazo del general Manuel Cristopher Figuera, seguramente produjo una inconveniente interpretación: ser responsable de un asesinato produce beneficios de todo orden en lugar de sanciones.

Además, este asesinato ocurrió bajo la responsabilidad de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), cuyo director es el mayor general Iván Rafael Hernández Dala, quien a su vez es el jefe de la Casa Militar. Es imposible que un funcionario militar, que mantiene tanta cercanía con Nicolás Maduro, establezca una política motu proprio sin su anuencia. Estoy convencido de que la prioridad que se estableció fue determinar, por cualquier medio, las posibles ramificaciones de la supuesta conspiración militar del 30 de abril. Pienso que al detener al capitán Acosta Arévalo pueden haber ocurrido una de las siguientes circunstancias: no conocía nada importante que informar por no estar vinculado a ninguna conspiración, o si lo estaba, fue extraordinariamente valiente al negarse a confesar. De lo que si no tengo dudas es de que Nicolás Maduro debió conocer lo que estaba ocurriendo. De allí que sea responsable moral y políticamente del asesinato y de las torturas a que fue sometido el capitán Rafael Acosta Arévalo. La historia se lo reclamará con gran dureza. También reconocerá la heroicidad y el patriotismo de este joven oficial de nuestra Armada. Paz a su alma.

 

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