Comencemos por recordar el episodio histórico que dio el nombre de Bolivia a la región que por casi tres siglos fue llamada Alto Perú. El 6 de agosto de 1825 fue proclamada la independencia, el desconocimiento de la autoridad de España. Reunida la Asamblea Deliberante, el 11 de agosto, con el objetivo de aprobar la Ley de Premios y Honores a los Libertadores, que establecía en el artículo 1 que el Estado se llamaría República de Bolívar. También se designaba a Simón Bolívar “Padre de la República”, además de Protector y Presidente (el 29 de diciembre de ese mismo 1825, Bolívar le entregó el cargo al Mariscal Antonio José de Sucre). El presbítero y teólogo Manuel Martín Cruz, diputado por el departamento de Potosí, fue el autor de la propuesta con una frase cuyo ingenio sería inolvidable: “De Rómulo, Roma. De Bolívar, Bolivia”.

Con aprobación de poco más de 61% de los votos, el 7 de febrero de 2009 entró en vigencia una nueva Constitución que dejó atrás el concepto de República para adoptar el de Estado Plurinacional. Bolivia pasó a llamarse Estado Plurinacional de Bolivia: “En cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Estado, deberá ser utilizada en todos los actos públicos y privados, en las relaciones diplomáticas internacionales, así como en la correspondencia oficial en el ámbito nacional e internacional, la siguiente denominación, Estado Plurinacional de Bolivia”.

Entre las cuestiones fundamentales contenidas en sus 411 artículos, el texto reconoce a las “naciones y pueblos indígenas originarios campesinos”. En el artículo 5 se definen como idiomas oficiales, además del castellano, otras 36 lenguas correspondientes a cada uno de esos pueblos. En lo esencial, la Constitución de 2009 proclamó a los pueblos indígenas como sujetos de derecho.

Transcurrida poco más de una década desde la entrada en vigencia de la Constitución, muchos se preguntan si se han producido los cambios que la campaña a favor del nuevo texto constitucional prometía. Tal como el Banco Mundial ha señalado en varios reportes, desde 2006 Bolivia lidera la tabla de crecimiento de Suramérica, incluso por encima de Perú y Paraguay, las otras economías de la región que destacan por sus indicadores positivos.

Entre 2006 y 2017, el crecimiento de Bolivia alcanzó un promedio de 4,9%. En 2013 logró un sorprendente ascenso a 6,8%. En 2016 se produjo una baja a 4,3%. A continuación, en los años 2017 y 2018, el crecimiento ha sido de 4,2%. A finales del pasado febrero, Luis Arce, ministro de Economía, hizo públicos los pronósticos gubernamentales para 2019: crecimiento de 4,5% y una inflación estimada de 4%. Esto significa, en líneas generales, que el desenvolvimiento económico positivo se mantiene y que Bolivia continuará siendo en América Latina, junto con República Dominicana, Panamá y Perú, uno de los países que, en medio de la ralentización mundial de la economía, avanzan a contracorriente.

Arce anunció lo que muchos esperaban: “Seguiremos siendo el país que más invierte, el Estado seguirá siendo el motor de crecimiento económico”. En efecto, los analistas coinciden en que el buen desempeño se debe a una combinación de factores, dos de ellos, los más relevantes: un sostenido programa de inversiones del Estado y, lo que es meritorio y distingue al gobierno de Evo Morales de otros de tinte populista, es muy cauteloso en el gasto público.

Tras la nacionalización de los hidrocarburos en 2006 –que provocó fuertes reacciones que presagiaban el declive y desastre de la industria petrolera boliviana–, el gobierno renegoció los contratos con todas las empresas, lo que se tradujo en un considerable aumento de los ingresos. El IDH –impuesto directo a los hidrocarburos– constituyó un punto de inflexión para muchos bolivianos.

Otro factor digno de mención, más relevante al compararlo con las conductas administrativas de otros países en la región, apunta a las prácticas de ahorro que se pusieron en marcha, de forma simultánea a las inversiones estatales, lo cual demuestra que el dilema entre invertir o ahorrar, que ha sido el repetido debate, especialmente en las economías de fundamento extractivo, puede desembocar en fórmulas que habiliten ambas cosas. Un reportaje del portal BBC Mundo reseña que, entre 2007 y 2013, Bolivia incrementó su “colchón” financiero de 7.000 millones de dólares a 20.000 millones. De allí provienen los recursos que han permitido enfrentar las dificultades por la caída de los precios de las materias primas y, en particular, de los hidrocarburos. Estos escollos, en el caso de Bolivia, lo son por partida doble: por la baja de los precios del petróleo y porque el bajón de las economías de Brasil y Argentina impacta las exportaciones bolivianas.

A pesar de esto, las exportaciones de gas licuado de petróleo y gas natural a Perú, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil han convertido a Bolivia en el principal exportador de la región. País que hasta 2013 importaba gas licuado de petróleo, ha devenido exportador nato. Esta ampliación incluye incursiones en los mercados de urea y amoníaco, que fortalecen el portafolio boliviano. Los esfuerzos por diversificar la economía no se han limitado a rubros específicos, como estaño, diésel y soya (este último con importantes clientes en Perú y Colombia). También, algunos productos agrícolas han experimentado aumentos de producción significativos.

Dicen las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas que, entre 2006 y 2017, la pobreza se redujo de 59,9% a 36,4%. A partir de ese momento, distintas fuentes incluida la Cepal, advierten un frenazo en la mejora de ese indicador. Alrededor de 35% de los bolivianos no han logrado mejorar sus estándares de vida, y 19% –esta vez el dato proviene del Informe de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)– vive en condiciones de subalimentación. A ello hay que agregar otro elemento: el auge económico ha incrementado la desigualdad. Alrededor de 30% de la población se ha enriquecido, mientras el 60% restante no ha experimentado una mejora. Todavía 393.000 niños trabajan, admiten cifras oficiales. La pobreza entre la población indígena es significativamente mayor: la doctora Fernanda Wanderley, de la Universidad Católica Boliviana, ha señalado que, en 2017, 47,24% estaba en situación de pobreza moderada y 23,91% en pobreza extrema.

La académica ha advertido que el modelo instrumentado desde 2005 y el llamado “milagro boliviano” se basan en una mirada muy parcial a los indicadores. El PIB no sería el indicador adecuado para medir los hechos, porque oculta cuestiones como el auge del trabajo precario, destrucción de las fuentes de agua, depredación generalizada del medio ambiente y, lo más importante, reedición de un modelo económico basado en la explotación y exportación de materias primas, en extremo dependiente de los ciclos de precios altos y bajos de los mercados internacionales. La conclusión es que Bolivia ha perdido una oportunidad excepcional para crear una estructura productiva sostenible en el tiempo.

En este marco de tendencias, el Estado Plurinacional de Bolivia, cuya población es de 11.400.000 habitantes, distribuidos en un territorio de casi 1.100.000 kilómetros cuadrados, se encamina al proceso electoral del próximo 20 de octubre.

Como se sabe, Evo Morales gobierna Bolivia desde 2005. De acuerdo con el artículo 168 de la Constitución vigente, el presidente solo puede reelegirse en una ocasión. Para que Morales pudiese convertirse en presidente por tercera vez consecutiva, se apeló al recurso del Tribunal Constitucional que, en decisión que contraría abiertamente el mandato constitucional, autorizó la postulación de Morales.

Este fenómeno de los máximos tribunales, que emiten sentencias contra lo establecido en la Constitución y en las leyes, es una tendencia que viene registrándose en numerosos países de América Latina. En la mayoría de los casos se trata de decisiones que garantizan impunidad o prolongación en el poder. Se trata, como es obvio, de un asunto que reclama un profundo análisis, puesto que, en la realidad, no es sino poderes judiciales que no actúan para garantizar el cumplimiento de la ley, sino para hacer efectivos los intereses de ciertos líderes y proyectos políticos. Esta práctica, hay que decirlo, socava las bases de la democracia y el Estado de Derecho.

Una vez en el poder, por tercera vez, Morales convocó a un referéndum, de carácter vinculante, en febrero de 2016, con el propósito de lograr la aprobación para un cuarto período de gobierno. A la pregunta de “¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?”, de forma sorpresiva, 51,3% de electores respondió No. En el análisis de los resultados, hay un dato que merece ser destacado: el rechazo contundente a la reelección, especialmente en algunas grandes ciudades y entre los bolivianos que viven en el exterior. En diciembre de 2018, luego de intensos y controvertidos debates, el Tribunal Constitucional volvió a autorizar la candidatura de Morales, que aspira a gobernar hasta 2025.

El caso Evo Morales ha tenido repercusiones que es prudente recordar. Una, muy llamativa, se refiere a Luis Almagro, secretario general de la OEA. Tras el referéndum, el 22 de septiembre de 2017, Almagro publicó un tuit que decía: “Evo Morales deberá respetar la decisión popular que dijo NO a la reelección. Ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano: el pueblo”. Pero el 17 de mayo de 2019 dio un giro de 180 grados y escribió: “Decir que Evo Morales hoy no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial reconociendo la garantía de sus derechos humanos”. Esto supone que, incluso en la jefatura de la Organización de Estados Americanos, privan criterios muy “flexibles” a la hora de evaluar los fundamentos de la democracia. Según esto, sobre el voto popular y las leyes, se reconoce un bien superior y de mayor peso que es el “derecho humano” de eternizarse en el poder…

Además de algunas acusaciones en curso, relativas a casos de corrupción, a la aparición y consolidación de una oligarquía muy poderosa alrededor del gobierno, a la destrucción de la autonomía entre los poderes y a prácticas autoritarias cada vez más evidentes, en Bolivia se suma otro factor, semejante al caso de Hugo Chávez en Venezuela: el empeño en imponer una cultura política basada en el culto a la personalidad de Evo Morales. Cuando el Ministerio de Comunicaciones editó un libro para niños, que incluía dos relatos, “Evito va a la escuela” y “Evito juega fútbol”, el rechazo de medios de comunicación y de sectores políticos fue inmediato.

El ejemplo del Museo de la Revolución Democrática y Cultural Orinoca, que se comenzó a construir en 2006 y que fue inaugurado en febrero de 2017, también es emblemático. Ubicado en el alejado pueblo donde nació Evo Morales, está dedicado a enaltecerlo como héroe. La colección que exhibe se compone, de forma mayoritaria, de objetos de la vida de Morales, sus camisas, cuadernos, sus ponchos, fotografías… de hecho, la vestimenta que llevaba el día que asumió el poder fue declarada patrimonio de Bolivia. En una pared se exhiben 18 camisetas de equipos de fútbol de distintas partes del mundo que gozan del privilegio de ser admiradas por Morales. No falta la previsible escultura que lo representa de tamaño natural. El despropósito es, por decir lo menos, paradójico: la moderna construcción, que tuvo un costo de entre 7 millones y 9 millones de dólares, se encuentra en un poblado de 680 habitantes con precarias viviendas de adobe, la mayoría de las cuales sin agua potable, y calles de tierra.

Lo que ocurra en las elecciones del próximo 20 de octubre podría ser decisivo para el futuro de los bolivianos. Lo más probable es que, a medida que la fecha se acerque, se produzca una polarización entre Morales –hasta ahora líder de las encuestas– y Carlos Mesa, el principal candidato opositor. Cuando se analiza el expediente de Bolivia es inevitable advertir la contradicción entre lo que empezó como un interesante caso de empoderamiento democrático de las mayorías indígenas y la deriva neoautoritaria por la que transita desde hace un tiempo. Otro contraste salta a la vista cuando se le compara con su experimento mellizal en Venezuela, puesto que Evo ha mantenido un desempeño económico exitoso. Aunque quizás estos brotes de corrupción pueden contaminarlo al punto de sumarse a la peligrosa deriva cleptócratica del régimen venezolano. Finalmente, salvo por su respaldo abierto al régimen de Nicolás Maduro, y el siempre espinoso capítulo del narcotráfico que impacta a buena parte de la región, la relación con Estados Unidos, más allá de la retórica, se ha mantenido en unos términos en los que el liderazgo de Evo no se ha convertido en un problema prioritario para el país del norte. Ambos países conviven en tensa calma.

En el próximo período presidencial se definirá si Bolivia persiste en el camino de un mismo poder –con lo cual Morales, al menos, por veinte años– o si toma la ruta democrática de la alternancia del poder. La decisión, por fortuna, todavía está en manos de los electores bolivianos. Amanecerá y veremos.

 


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