La preocupación de la comunidad internacional por la situación en Venezuela, caracterizada, como es sabido, por la evidente violación generalizada y sistemática de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y por la indudable ruptura del hilo constitucional, expresa su deber de velar por el respeto y la promoción de tales derechos y libertades y por el restablecimiento de la democracia en el país.
Para el régimen dictatorial de Maduro la opinión y las posturas de los gobiernos y de las instituciones en el mundo en favor de la democracia significan una intervención en los asuntos internos de Venezuela. Esa afirmación, propia de los regímenes dictatoriales, solo busca, como lo hemos dicho, distraer la atención y escudarse detrás de conceptos y principios que ya no tienen el valor absoluto que una vez tuvieron, como la soberanía y la no intervención, para justificar las arbitrariedades y los crímenes que se cometen a diario en el país y perpetuarse de esta manera en el poder.
El deber de los Estados de cooperar entre sí para lograr los objetivos de las Naciones Unidas, es decir, los objetivos de la comunidad internacional, especialmente en cuanto al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, es hoy una prioridad. El deber de cooperación prevalece. El concepto de soberanía y el principio de la no intervención en los asuntos internos de los Estados ceden necesariamente ante esa prioridad, ante ese compromiso superior de la comunidad internacional.
Nada puede justificar la violación de los derechos humanos y la realización de crímenes internacionales. Opinar y condenar lo que ocurre hoy en Venezuela no puede ser considerado una “intervención” indebida en nuestros asuntos internos. Por el contrario, cuando los países europeos y los americanos y las instituciones regionales en el mundo se pronuncian y condenan al régimen dictatorial de Nicolás Maduro están simplemente ejerciendo el derecho y cumpliendo el deber que le impone la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional en general: velar por el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
La comunidad internacional entiende hoy perfectamente la realidad venezolana, a pesar de la manipulación mediática del régimen para mostrar una realidad absurda. Entienden perfectamente los gobiernos y las instituciones internacionales que en Venezuela se ha impuesto una dictadura feroz que reprime sin piedad. Entienden perfectamente que la inmensa mayoría de los venezolanos quiere un cambio de gobierno y de sistema en forma pacífica y constitucional. Entienden perfectamente que los venezolanos desean solo vivir en paz, en democracia, en libertad, para progresar y crecer como país y retomar el rumbo perdido por la irrupción de un grupo de fariseos que simplemente ha destruido la patria y acabado con el sueño y las esperanzas de las nuevas generaciones.
En días pasados los gobiernos y los órganos europeos lo dijeron. Mañana lo hará la Asamblea General de la OEA. Exigirán el respeto de los derechos humanos, el restablecimiento del orden democrático, el fin de la represión y de la realización de crímenes internacionales de parte del régimen y de los colectivos organizados por ellos mismos para cometer tales crímenes en el marco de un plan nefasto que será pieza fundamental en los procesos que se han abierto en los tribunales internacionales, el Plan Zamora II.
Debemos confiar en la efectividad de esas declaraciones, de las recomendaciones y resoluciones que adoptan los órganos internacionales y los gobiernos y las instituciones de otros países. Estamos ante un proceso lamentablemente lento, pero seguro. Salir de una dictadura y así lo muestra la historia, no es fácil. Mientras transitamos hacia el espacio de libertad, el régimen se radicaliza, hace más fuerte la represión, su herramienta principal de dominación; y, desgraciadamente, se pierden más vidas de jóvenes, nuestro símbolo de la libertad, que se han atrevido a protestar pacíficamente, con violines y banderas como únicas armas y que en definitiva solo exigen democracia.