Un instituto académico checo, dirigido por la jurista venezolana Tamara Sujú, informó este lunes en Praga que ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional en La Haya por supuestos ataques de las fuerzas de seguridad venezolanas contra una clínica privada y tres iglesias.

Explicó Sujú, directora ejecutiva de Casla, un centro especializado en estudios de América Latina, que el objetivo es «demostrar que la represión se ha recrudecido» en el país.

«No importa ya atacar una clínica o un centro de salud, lo que internacionalmente está penado», señaló la jurista venezolana, que recibió asilo en la República Checa en 2014.

Casla, que recibe fondos del Estado checo, ha presentado en el pasado varios pliegos ante la CPI con más de 600 casos de supuestas torturas atribuidos a responsables del gobierno de Nicolás Maduro.

En los dos expedientes por crímenes de lesa humanidad abiertos contra Venezuela en La Haya hay casos de torturas, de detención arbitraria, violencia sexual y desapariciones forzadas temporales.

En el material presentado ahora al CPI se denuncia el ataque a la clínica privada Alfa en Maiquetía (estado de Vargas), donde fueron heridas de gravedad tres mujeres durante las protestas callejeras que siguieron a un discurso del dirigente opositor Juan Guaidó, el pasado 30 de abril.

La intervención de las fuerzas del orden hizo que numerosas personas se refugiaran en el centro del salud, donde entraron agentes y abrieron fuego «a quemarropa», asegura Sujú.

Agentes de la Guardia Nacional y Policía Regional allanaron ese mismo día tres iglesias, en Maiquetía, San Cristóbal (estado de Táchira) y Barquisimeto (estado de Lara).

En esos sitios se habían refugiado manifestantes contra los que se usaron gases lacrimógenos dentro de los templos durante los oficios religiosos.

En el pliego de denuncia a la CPI figuran el gobernador de Vargas, José Luis García Carneiro; el vicealmirante Gustavo Romero Matamoros, y el jefe de la policía del estado de Vargas, Virgilio Pelequia, como «cabezas de la represión», aseguró Sujú.

Seis países -Argentina, Perú, Paraguay, Colombia, Chile y Canadá- han denunciado a Venezuela ante la CPI y han instado al fiscal a abrir la investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Por otra parte, Casla anunció hoy que en cooperación con la secretaría general de la Organización de Estados Américanos entregará en junio próximo un informe en la CPI sobre la «masacre del pueblo pemón».

Esta comunidad indígena autóctona se ha visto desplazada por el gobierno venezolano para facilitar la extracción minera en su zona de residencia.

«Unos 1.200 pemones se han visto obligados a abandonar Venezuela y refugiarse en Brasil tras ser intimidados por el gobierno», denunció Sujú. 


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