Más de 1 millón de venezolanos trabajan y duermen en suelo colombiano. Cientos de migrantes intentan cruzar las trochas desde Venezuela arriesgando sus vidas al atravesar ríos caudalosos en busca de comida y medicinas. «Jamás nos imaginamos una crisis migratoria de esa magnitud. El sueño suramericano era llegar a Venezuela, con toda la riqueza que tiene”, indicó Christian Krüger Sarmiento, director general de Migración Colombia.

El Estado colombiano tenía dos opciones cuando empezó el éxodo, ambas con consecuencias políticas ineludibles: flexibilizar los procesos o cerrar la frontera.

En 2015 el conflicto político entre Nicolás Maduro y el presidente Juan Manuel Santos llevó al cierre de la frontera colombo-venezolana y provocó la deportación de 22.000 colombianos que vivían en Venezuela en el breve período de 2 semanas.

“Siempre es bueno recordarlo. José Gregorio Vielma Mora, gobernador de Táchira, atentó en contra de la dignidad de nuestros connacionales. Marcaba las casas de los colombianos con una R. Si eran irregulares les ponían una bolsa negra en la cabeza y los dejaban en el puente como si fueran delincuentes”, narró Krüger.

Pese a ello, las autoridades colombianas iniciaron un arduo proceso para asimilar la diáspora venezolana, con medidas que ahora son evaluadas por gobiernos regionales como modelos humanistas y respetuosos de los derechos humanos de los migrantes y que son alabadas por organismos jurídicos multilaterales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una decisión sin precedentes

La expulsión de los más de 20.000 colombianos en 2015 trajo como consecuencia la separación de miles de familias mixtas entre los dos países. En 2 meses, los colombianos fueron incorporados nuevamente a la vida de su país.

El gobierno de Santos tomó poco tiempo después la decisión de nacionalizar a algunos parientes venezolanos de los afectados por el exilio forzoso. “Se favoreció con la nacionalización a más de 450 familias mixtas de hermanos venezolanos que habían quedado fraccionadas luego del cierre de la frontera”, explicó Krüger.

Anteriormente no había ningún tipo de control en la frontera entre ambos países. Luego de evaluar diversas experiencias internacionales, las autoridades colombianas establecieron la tarjeta de movilidad fronteriza.

“Si uno no sabe quién entra en su casa no puede poner orden. Esos sistemas de identificación nos ayudaron a tener un proceso migratorio más ordenado. Había muchos que querían venir a trabajar pero no tenían pasaporte, y sacar una visa aquí cuesta 1.000.000 de pesos, equivalentes a 350 dólares. La tarjeta de movilidad fronteriza nos permitía monitorear el movimiento de entrada al país y ver si se agudizaba”, señaló.

El documento solo permitía el paso a sitios autorizados  y pretendía mejorar temporalmente las condiciones de los trabajadores venezolanos.

“Buscábamos eliminar las ‘famosas trochas’, en las que los funcionarios venezolanos les cobraban a la gente para pasar por los caminos ilegales”, indicó.

El director de Migración Colombia admitió que “no tenía ni idea de quién llegaba o salía del país”, por lo que cualquier venezolano que tuviera un accidente o fuera víctima de la violencia en el país vecino terminaba como NN, siglas que provienen del latín nomen nescio, que significa nombre desconocido.

“Había que atraer a los venezolanos a Migración Colombia”, fue la conclusión de Krüger luego de recorrer comercios en Bogotá y darse cuenta de que la mayoría de los migrantes no tenía respuestas que indicaran que su ingreso al país hubiese sido por las vías regulares.

Pudieron haber cobrado por el trámite: “Pero es que si les decíamos que costaba 10 dólares no lo iban a hacer, porque es que no hay plata. La tarjeta primero era un papelito, pero cómo íbamos a digitalizar tantos papeles. Decidimos implementarlo por Internet en el año 2017, y ahora ingresan con un código QR”.

El funcionario aseguró que a partir de las tarjetas de movilización fronteriza son más de 3 millones de venezolanos los que han pasado en algún momento por Colombia en los últimos 3 años.

Trabajo informal

Buscando un plato de comida o reuniendo dinero para enviar a sus parientes en Venezuela, los migrantes venezolanos empezaron a trabajar ilegalmente en condiciones deplorables y huyendo de la crisis que se iba desarrollando bajo el mandato oficialista.

Los colombianos, explica Krüger, se aprovecharon de eso. “Decían: ‘Usted no puede trabajar, porque está irregular. Yo lo voy a contratar, y en vez de pagarle 1 millón de pesos, le voy a pagar 100 mil pesos, y agradezca que le estoy dando trabajo, pero no me va a trabajar 8 horas diarias sino 16 horas al día”, señaló.

El reto era, ahora, incorporar a miles, y luego a millones de venezolanos a la vida laboral regular, que tuvieran las mismas prerrogativas que los colombianos, para eliminar el flagelo de la explotación laboral, la servidumbre e incluso proteger el mercado laboral nacional. “La dignidad del extranjero y el mercado de trabajo de Colombia debían ser protegidos. Los venezolanos podían aportar al sistema de seguridad social, debían poder ser atendidos por los médicos en casos de emergencia”, subrayó.

El planteamiento fue la génesis del Permiso Especial de Permanencia en el año 2017, un documento que se obtiene por Internet y del que Krüger se enorgullece: “Este es el primer país del mundo que invita a los migrantes irregulares, los que llegan por vías ilegales, y les dice: ‘Acérquense, que les voy a dar beneficios’”.

La medida fue saludada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en el año 2018, puso a Colombia como un ejemplo para la región y el mundo.

La Presidente de la CIDH, Margarette Macaulay, dijo que celebraba el censo y la regularización realizados por el Estado colombiano, “ya que son medidas sin precedentes en la región, a través de las cuales se logró identificar las necesidades de las personas venezolanas en Colombia y adoptar finalmente un decreto que les permita su regularización y acceso a derechos. Sin duda, un ejemplo para la región y el mundo”.

El nuevo documento permitía trabajar de manera legal y era totalmente gratuito. Pero los problemas persistían. El pago en efectivo a algunos venezolanos, que mantenían aún sus trabajos informales, los hacía víctimas de robos por parte de la delincuencia.

“Hablamos con el sector financiero de Colombia. Entendíamos que no les dieran créditos, porque ni a los propios colombianos les dan créditos si no tienen un patrimonio que los respalde, pero por lo menos se les podía permitir abrir cuentas de ahorro”, explicó Krüger.

En una encrucijada

Flexibilizar o cerrar: un tema bastante álgido y cuya expresión en el continente americano se revela en el muro que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se esfuerza por construir en la frontera con México. En Colombia se tomó la decisión de abrir las puertas.

“Las medidas de cierre no son positivas. Si yo pusiera visas, eso no pararía la migración. En cambio, si los buscas, los instas a que den su aporte a la seguridad social, es distinto”, aseveró Krüger.

La entrada de oficialistas que huyen de la crisis es una constante, pero el PEP no discrimina a los migrantes por su pensamiento político: “Una cosa son los que violaron derechos, pero discriminar por el pensamiento es demasiado complejo”.

Muchos países, como Perú o Ecuador, ahora acuden a consultas con el gobierno colombiano para evaluar las medidas y mejorar la asimilación de migrantes venezolanos, que recorren América Latina a ritmo vertiginoso. Se han sacado documentos PEP para distintos casos, como el de los venezolanos que van temporalmente por Colombia hacia otros países.

“Había transportes irregulares que cobraban cuatro y cinco veces más debido a los ‘riesgos que estaban corriendo por llevar personas ilegales’, por lo que también sacamos permisos para ello”, manifestó.

Políticas de dignidad para los migrantes, acordes con lo solicitado por organismos multilaterales como la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, son establecidas por el gobierno colombiano, que enfrenta ahora el reto de tratar con más de 1.000 militares que decidieron desconocer a Maduro y reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.


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