El gobierno de Estados Unidos debería imponer sanciones individuales a altos funcionarios del régimen de Nicaragua implicados en supuestos abusos, afirmó este martes José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch.

En un testimonio ante el Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el director del grupo de derechos humanos pidió al Congreso presionar al gobierno del presidente Donald Trump para obtener la imposición de esas sanciones.

Cientos de personas murieron, más de 2.000 sufrieron heridas y cientos fueron detenidas desde que en abril de 2018 estallaron en Nicaragua protestas contra las reformas de la seguridad social aplicadas por el presidente Daniel Ortega.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mayor responsable de la violencia es el gobierno de Ortega, que se valió de policías y fuerzas «parapoliciales» con armas de guerra para reprimir las protestas.

La crisis de Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos, de acuerdo con datos emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque los organismos locales elevan la cifra a 594 y el gobierno solo reconoce 199.

Human Rights Watch indicó que «los detenidos sufrieron abusos que, en algunos casos, constituyeron torturas».

«El gobierno de Estados Unidos debería adoptar una posición contundente contra las atrocidades en Nicaragua a través de la imposición de sanciones individuales dirigidas contra altos funcionarios que son responsables de gravísimos abusos», manifestó Vivanco. 

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que solo se sabe de una sentencia contra un miembro de una banda armada partidaria del gobierno y no existe ni una sola investigación contra miembros de las fuerzas de seguridad implicados en abusos, apuntó Human Rights Watch.

El grupo recomendó al Congreso de Estados Unidos que inste a Nicaragua a crear una unidad especial que, de forma conjunta con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «supervise la investigación penal de los delitos más atroces ocurridos en el contexto de las protestas».

El gobierno de Nicaragua liberó este martes a un grupo de personas que la oposición considera «presos políticos» bajo la polémica Ley de amnistía, aprobada el pasado sábado por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional (Parlamento).

La oposición nicaragüense ha repudiado esa legislación bajo el argumento de que no ofrece justicia a las víctimas de la represión gubernamental, y porque sustenta la tesis oficial de que las manifestaciones constituyeron un intento de golpe de Estado contra Ortega.


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