Amnistía Internacional (AI) denunció las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua con conocimiento de las «más altas autoridades del Estado, entre ellas el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.
El informe »Sembrando el terror», presentado este jueves en Madrid, España, documenta 25 casos de violaciones de derechos humanos ocurridas ente el 30 de mayo y el 18 de septiembre de 2018: personas muertas, privadas de libertad o presuntamente torturadas, según AI.
Organizaciones humanitarias nacionales e internacionales indican que entre 322 y 512 personas muertas durante las protestas ciudadanas contra Ortega, que comenzaron el 18 de abril debido a unas reformas de la seguridad social, luego anuladas.
El gobierno de Managua, por su parte, reduce la cifra de víctimas mortales a 199, denuncia un intento de golpe de Estado y niega las acusaciones de violaciones de derechos humanos.
«El Estado nicaragüense mantuvo un discurso criminalizador, en el que denominó ‘terrorista’ o ‘golpista’ a toda persona que se manifestara en contra del Gobierno, con el fin de justificar sus acciones violentas», argumenta AI en el estudio, el segundo que elabora sobre la crisis nicaragüense.
Para este informe, AI realizó dos misiones de documentación en Nicaragua y Costa Rica, con 115 entrevistas de víctimas, familiares, testigos, personal médico y activistas de derechos humanos. Un equipo de expertos analizó más de 80 documentos audiovisuales y fotográficos.
«Estas violaciones (de derechos humanos) se llevaron a cabo -precisa el informe- no solo con conocimiento de las más altas autoridades del Estado nicaragüense, entre ellas el presidente y la vicepresidenta de la República, sino también (en muchas ocasiones) bajo su orden y control».