Como parte de una presunta política de extorsión judicial de altas esferas del régimen de Nicolás Maduro, Suelopetrol, una empresa española cuya actividad consiste en la extracción de petróleo y que posee 40% de la empresa mixta Petrocabimas, S.A, así como otras empresas petroleras de regular tamaño, están sufriendo, al parecer, de un esquema de extorsión judicial exitoso por parte del Estado venezolano.
Henrique Rodríguez Guillán, venezolano, propietario y administrador de Suelopetrol, tuvo que huir a España dada la persecución y asfixia financiera que se le ha aplicado a su compañía, que para el cierre del año 2015 tenía un patrimonio neto 609.000.000 millones de euros, de acuerdo con sus estados financieros.
Sobre Rodríguez Guillán y sus directivos pesa una orden de aprehensión por la presunta comisión de delitos de peculado doloso emanada por el juzgado especial tercero de Caracas en fecha 16 de enero de 2021, que firma la doctora Luisa Renee Garrido T.
Así, existen otras industrias de hidrocarburos en la mira de la supuesta extorsión en Venezuela, por ejemplo, la que el Ministerio Público lleva adelante investigando a Petrodelta S.A. y Marine Contractors, ambas de los Cisneros, y todas estas, según un correo institucional urgente del 22 de julio reciente, expediente Nro. 00DGCC-F50-0100-2020, están sujetas a una solicitud que se hace debido a la investigación Nro. MP-137139.2022 que se instruye ante esa representación fiscal por la presunta comisión de un hecho punible.
No se ha sabido si existe orden de captura contra directivos de Petrodelta y Maritime.
Empresas petroleras
Al parecer, desde junio de 2020, el ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck el Aissami, estaría aplicando una estrategia de terrorismo de estado (la cual, de buena fuente, muchos de sus propios correligionarios no ven con agrado) y es que, presumiblemente, se hace de los activos del sector petrolero de medianas empresas con la asesoría legal internacional de David Syed de la firma Dentons, un bufete que ha cobrado decenas de millones de dólares para asesorar a Pdvsa y al propio el Aissami.
De cuanto se desprende de ciertas investigaciones, que no han tenido eco en la prensa nacional ni internacional, es que el ministro denuncia, como modus operandi, hechos de corrupción en las transacciones petroleras con el objetivo de criminalizarlas y luego proceder con voracidad estatal.
Un paradigma es que el auto de detención de los directivos de Suelopetrol se ejecuta por una opinada deuda de la corporación con Pdvsa de 685.736.000 euros, sin embargo, Pdvsa debe alrededor de 100.000.000 de euros a Suelopetrol, de manera que la deuda pudo ser descontada y, en cambio, fue instrumentada para generar una tenaza judicial.
El objetivo, es probablemente que los accionistas de Suelopetrol le cedan la empresa, bajo amenaza, a personas cercanas a el Aissami a precio de ganga.
Este esquema de extorsión judicial y presión financiera, de ser efectivo, hace que resulte extraño que Pdvsa esté negociando con el gobierno de Estados Unidos y con la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) ya que la seguridad jurídica de los inversionistas incumbiría los criterios que Estados Unidos toma en consideración para poder o no relajar las sanciones.
Suelopetrol es vecino de la compañía petrolera estadounidense Chevron en el estado Zulia y a la primera petrolera procuran arrebatarle su propiedad y activos, sin embargo, en tal contexto el gobierno de Estados Unidos está considerado una licencia limitada para Chevron que la autoriza a negociar los términos de las posibles actividades futuras en Venezuela.
